Veiga: “Queremos que disminuya la presión fiscal que ha impuesto el PP; queremos que se cumpla la legalidad, y no queremos que nuestro ayuntamiento esté a la cabeza de los ayuntamientos enredadores de España”

El Pleno del Ayuntamiento de Torrent se ha visto obligado a derogar el acuerdo de 8 de enero de 2009 que subvencionaba la tasa de eliminación de residuos urbanos, para establecer un nuevo sistema de regulación de la subvención. Esto se produce porque el modelo aprobado en enero incurría en irregularidades que fueron denunciadas por la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, y porque el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Valencia emitió un auto que suspendía el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 8 de enero de 2009.

Esta posibilidad ya había sido anunciada por el Grupo Municipal Socialista, que en su momento se abstuvo del acuerdo municipal, pero que ya avisó de que dicho acuerdo incurría en numerosas irregularidades que podían llevarnos a una enredada tela de araña legal por el obcecamiento de la alcaldesa en llevar al Pleno propuestas sin los obligatorios informes de legalidad. Esta situación no es nueva en el Ayuntamiento de Torrent: en los últimos meses, se han tomado acuerdos diferentes que luego se han tenido que modificar, entre ellos el de las bases para proveer puestos de trabajo de altos funcionarios municipales, aprobadas en el Pleno de enero y modificadas en el de marzo con numerosas contradicciones. Este tipo de decisiones que son luego modificadas provocan una permanente inseguridad jurídica, y convierten al ayuntamiento de Torrent en una institución inestable. Para el portavoz socialista, José Veiga, “La alcaldesa de Torrent nos está llevando a la ruina con sus continuos fallos y sus irregularidades, y no aprende nunca que hay que respetar la ley porque al final quien paga sus errores son los vecinos”.

Derogación de la subvención y nueva subvención

El Grupo Municipal Socialista ya avisó hace tiempo de que el modelo de subvención establecido en enero era ilegal, y que era una irresponsabilidad aplicar medidas ilegales que podrían conducir al ayuntamiento a un callejón sin salida. El auto judicial que ha obligado al cambio responde a un recurso planteado por la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, que interpretó que el modelo de subvencionar indiscriminadamente la tasa de basuras contenía presuntas irregularidades. Este modelo consistía en que la empresa municipal Aigües de L’Horta subvencionaba a cada usuario la tasa de eliminación de residuos, calculada según el consumo de agua. El Ayuntamiento financiaba a Aigües de L’Horta con la cantidad gastada en las subvenciones (1.700.000 euros en 2009). En el Pleno del 8 de enero de 2009, el Grupo Municipal Socialista se abstuvo en la votación, porque la medida aparecía muy enredada y presentaba evidentes irregularidades que podían conducir a prácticas ilegales: el expediente no llevaba el obligatorio informe de legalidad, que sólo fue incorporado un minuto antes del Pleno, el acuerdo fue nulo de pleno derecho, puesto que el Pleno Municipal no podía aprobar gastos antes de haber aprobado el presupuesto del año, y la propuesta incumplía la Ley de Subvenciones, y también la Ley Reguladora de las Haciendas Locales cuando establece que “los perceptores de subvenciones municipales tendrán que acreditar –antes de recibirlas- que se hallan al corriente de sus obligaciones fiscales”; según esto, el acuerdo planteaba serias dudas respecto a los contribuyentes que tienen deudas con el ayuntamiento por impago de tributos municipales.

El nuevo modelo de subvención establece el pago anticipado de la tasa a los vecinos y también el fomento del reciclaje y valorización de los residuos sólidos urbanos, según el consumo de agua potable, puesto que este es el sistema establecido por la EMTRE (Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos) para cobrar la tasa. El sistema de pago anticipado contempla que se recibirá la subvención antes del 30 de diciembre de 2009, fecha establecida para hacerla efectiva previa acreditación del cumplimiento de los fines de la subvención (el fomento del reciclaje y valorización de los residuos sólidos urbanos). La percepción del importe de la subvención por los vecinos requerirá acreditar la realización de las actividades que justifican su otorgamiento, mediante la presentación de un escrito en el que se manifiesta la voluntad de adherirse al cumplimiento de las buenas prácticas de reciclaje. Del mismo modo, será requisito para la percepción de la subvención que el beneficiario se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. Las personas que no cumplan los requisitos citados perderán el importe de la subvención, lo mismo que los que no cumplan los objetivos fijados.

A pesar de que estas nuevas decisiones se ajustan a la legalidad (cosa que no sucedía con el acuerdo de enero), el Grupo Socialista ha planteado nuevos interrogantes, que le hacen dudar de la plena legalidad de la decisión adoptada. Entre estos, destacan que en el Presupuesto general del Ayuntamiento no figuran expresamente identificados los beneficiarios de la subvención; toda la tramitación multiplicará la burocracia municipal y el gasto público; si se subvenciona por anticipado a quienes no pueden ser subvencionados, luego habrá que solicitar las devoluciones con nuevos trámites; si no existieran deudores al fisco ni personas que no cumplen los objetivos podría volver a plantearse la duda de si se trata de una subvención o de una exención fiscal, y no se cita la posibilidad de nuevos plazos para poder adherirse al catálogo de buenas prácticas de reciclaje. Del mismo modo, ante la insistencia del gobierno municipal de recurrir judicialmente para defender la legalidad del acuerdo adoptado en enero, el Grupo Socialista plantea qué fundamento tiene seguir recurriendo en los tribunales un acuerdo que ha sido derogado en el Pleno.

El portavoz socialista ha recordado en el Pleno que cuando se tomó el acuerdo en enero, el Grupo Socialista ya advirtió de que “el gobierno municipal estaba tejiendo una tela de araña endeble que acabaría por enredarlo y por enredarnos a todos. Ahora se ve que el enredo era cierto, y nos metemos en nuevos enredos que pagaremos entre todos”. Para Veiga, “el Grupo Socialista quiere que baje la brutal presión fiscal que el PP ha multiplicado en dos años, y también que se cumpla la legalidad y que el ayuntamiento de Torrent no esté a la cabeza de los ayuntamientos enredadores de España”.

El portavoz socialista ha pedido claridad en el nuevo modelo de subvención, “pero como el gobierno municipal del PP no se aclara ni aclara nada, el Grupo socialista se abstendrá, lo que significa que apoyamos cualquier medida que reduzca la presión fiscal, pero también que hay serias dudas sobre la legalidad del procedimiento”.

Torrent, viernes 31 de julio de 2009